SÍ SE PUEDE llevar la regeneración democrática al Parlamento
La profundización de la democracia y la ampliación de las libertades exige que las voces de la regeneración democrática entren en el Parlamento.
Hoy sí se puede hacer que las voces de la regeneración democrática entren en el Parlamento porque hay fuerzas políticas como UPD y Ciudadanos, nacidas de los movimientos de la rebelión democrática ciudadana, que han hecho bandera de esta regeneración, situándola como la principal de sus prioridades.
Y porque entre amplios sectores ciudadanos existe una conciencia cada vez mayor de su necesidad. Que personalidades de intachable y consecuente trayectoria democrática e insobornable compromiso con la defensa de la libertad, como Rosa Díez, se hayan puesto a la cabeza de esta exigencia es una garantía para todos los que creemos en la necesidad de la regeneración democrática de nuestro sistema político. Y al mismo tiempo un deber de aunar y desplegar todos nuestros esfuerzos para que el próximo 9 de marzo sus voces entren con toda la fuerza posible en el Parlamento.
Ahora que van a cumplirse 30 años de la aprobación de la Constitución, cuyo valor como garante de nuestro sistema de libertades está fuera de toda duda, ha llegado el momento, sin embargo, de revisar sus insuficiencias, reformar sus errores y modificar sus excesos con el objetivo de devolver a los ciudadanos parte del poder que, como consecuencia de esos errores y excesos, se han apropiado a lo largo de estas tres décadas la alta burocracia de los dos partidos mayoritarios en el ámbito nacional y las castas burocráticas regionales en las distintas comunidades autónomas.
*Es urgente una reforma de la Ley Electoral que ponga fin a la evidente distorsión de la voluntad popular expresada en las urnas, mejorando la proporcionalidad entre votos y escaños y asegurando que el voto de todos los españoles tenga el mismo valor independientemente del lugar donde haya sido depositado.
¿Cómo puede defenderse democráticamente que un diputado por Soria, por ejemplo, represente a poco más de 14 mil votantes, mientras que uno de Madrid necesite a más de 91.000, es decir, casi siete veces más? Una cosa es corregir la excesiva desproporción demográfica entre la España rural y la urbana y otra muy distinta distorsionar de este modo el voto popular. Tras más de 30 años de democracia, hoy ya es indefendible que a un partido como, por ejemplo Izquierda Unida, cada diputado le cueste más de 250.000 votos, mientras que el PNV no necesite ni 60 mil, un 75% menos.
*Avanzar en la democracia requiere de listas abiertas para que los votantes puedan elegir libremente a aquellos que consideren que mejor van a representar sus intereses. De una limitación de mandatos a 8 años que dificulte el clientelismo político. De un riguroso control de la financiación de los partidos políticos. De la elección directa de alcaldes. Y de articular mecanismos de control democrático que permitan a los electores demandar de sus representantes los compromisos y promesas por los que fueron elegidos.
Si en una primera etapa de consolidación democrática las listas cerradas pudieron tener el sentido de fortalecer un sistema de partidos por consolidar, han acabado convertidas en un mecanismo de control de las cúpulas de los partidos sobre el parlamento y sobre el conjunto del régimen político, dando lugar a una partitocracia cerrada y endogámica, donde los diputados no están obligados a responder ante sus votantes, sino de obedecer a quien tiene en sus manos la capacidad de volver a ponerlos o no en las listas, o donde . Romper esta situación, acabar con este control, permitir que a través de las listas abiertas los ciudadanos puedan votar a las personas que creen que mejor van a defender sus intereses y a responder de sus promesas es hoy una exigencia democrática inexcusable. Al igual que articular mecanismos legales para que los electores puedan controlar directamente y exigir a quienes eligieron con sus votos el cumplimiento efectivo del compromiso que adquirieron con ellos a través del voto.
*Promover una reforma constitucional que cierre de forma definitiva la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías, reforma basada en el interés general de todos los españoles y su derecho a la igualdad frente a los “nacionalismos obligatorios” y las identidades excluyentes promovidas por las castas burocráticas regionales.
El Estado de las Autonomías, concebido originalmente como una alternativa a las necesidades de descentralización política y autogobierno que un país tan plural y diverso como el nuestro requiere, ha acabado convertido, sin embargo, por el efecto perverso de la combinación entre el régimen partitocrático del modelo bipartidista y la creación de unas auténticas castas burocrático-administrativas regionales, en una especie de “mercado persa” en el que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, no tienen el menor reparo en “subastar” competencias del Estado con tal de asegurarse la mayoría parlamentaria que les permita gobernar. Poner fin a esta situación a través de una reforma constitucional que, por un lado, fije de forma definitiva la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías y, por otro, recupere para el Estado algunas transferencias que la experiencia ha demostrado que no debieron transferirse, se ha convertido en una necesidad ineludible
*Poner fin a la escandalosa subordinación al gobierno y a las cúpulas de los dos partidos mayoritarios de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley.
Que el sistema bipartidista haya secuestrado la independencia de instituciones de tanta relevancia en nuestro ordenamiento democrático como el Tribunal Constitucional, el Supremo, el CGPJ,... sometiéndolos a la subordinación de la partitocracia y convirtiéndolos en escenario de la disputa política entre ellos es una de las manifestaciones más evidentes de la necesidad de la regeneración democrática que necesita nuestro sistema político. La división de poderes que se equilibran y se contrapesan mutuamente es un requisito indispensable para un buen funcionamiento de la democracia. Devolver a estas instituciones su independencia y autonomía del gobierno y de los partidos una exigencia de primer orden.
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